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Publicado por LLAMA.PE en Mundo Digital • 11 enero 2023 04:08 PM
La Ciudadanía Digital es un concepto propuesto por Naciones Unidas como una herramienta tecnológica y contemporánea favorable a todo individuo, que permita identificar a las personas y a la vez garantizarles acceso directo y mucho más rápido a los servicios brindados por el Estado y el sector privado. El Estado Peruano busca adaptarse a la transformación digital en todas las instituciones públicas, de forma tal que permita brindar a los ciudadanos la oportunidad de consolidar su ciudadanía digital. Esta labor que está a cargo de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). A la fecha, 74 instituciones públicas han logrado brindar atención vía mesa de partes virtual, y transformar todos sus servicios por internet.
En el año 2018 se promulga La Ley de Gobierno Digital mediante Decreto Legislativo 1412. La Ley de Gobierno Digital tiene la finalidad de establecer el marco de gobernanza digital para la adecuada gestión de los servicios estatales, entre ellos, la identidad digital y ciudadanía digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, como también otros usos transversales de la tecnología a favor de los administrados y población en general.
En el Perú, parte del proyecto de consolidar la ciudadanía digital viene desarrollándose a través de los ministerios, los que brindan casillas electrónicas a los administrados, la consolidación de expedientes únicos, perfiles crediticios, entre otros atributos disponibles a las personas que los requieran para fines privados. Además de ello, el Estado ha implementado canales de atención y mesas de partes virtuales, que permiten una interacción mucho más rápida y sencilla con las instituciones públicas. Presentamos algunos servicios disponibles por el Estado:
El Decreto Legislativo 1412 regula el concepto de identidad Digital (RENIEC), la que define como un conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a una persona en entornos digitales. Los atributos de la identidad digital de una persona son otorgados por distintas entidades de la Administración Pública que, en su conjunto, caracterizan al individuo.
Por otra parte, esta norma hace mención también a la interoperabilidad entre los ministerios e instituciones públicas en general, la Seguridad Digital, la Gobernanza de Datos, la Arquitectura Digital, y los servicios digitales en el Estado.
Durante la emergencia sanitaria se emitieron decretos de urgencia que promovieron el aceleramiento de la transformación digital, el cual fue el Decreto de Urgencia 006-2020, que desarrolla el concepto de Economía Digital, conectividad e innovación digital, y el Decreto de Urgencia 007-2020, que regula la Ética Digital, la protección de datos y la protección del cliente digital.
Como señala CEPAL (2021), las potencialidades de acción que la ciudadanía digital genera son múltiples, permitiendo a los individuos realizar coordinaciones mucho más rápidas, y reemplazar progresivamente el tiempo y el dinero invertido en las tradicionales organizaciones presenciales. Estas condiciones permiten que sean los propios individuos quienes participen de forma directa, y decidan en qué tipo de acciones y en qué términos se van a involucrar en el ámbito público (Chadwick, 2013; Santana, 2016).
El Banco Mundial ha realizado estudios sobre las ventajas de la identidad digital, señalando las limitaciones para su debida realización, como la brecha digital que impide a una parte importante de la población mundial acceder a servicios en línea de las instituciones privadas y públicas. La ciudadanía digital permite fortalecer los aspectos participativos y democráticos de las personas, creando canales de opinión y denuncia mucho más rápidas y directas.
La Participación Ciudadana Digital (DCE, por su sigla en inglés), se define como el uso de nuevos medios/tecnologías digitales de información y comunicación para crear o mejorar los canales de comunicación que facilitan la interacción entre los ciudadanos y los gobiernos o el sector privado. El DCE puede usarse para mejorar la toma de decisiones a través de una participación ciudadana más efectiva, representación y expresión, o para mejorar los resultados de desarrollo, enfatizando los incentivos participativos de la identidad digital. De esta forma, Las tecnologías digitales pueden reducir los costos de interacción para los gobiernos y sus administrados, además de ofrecer soluciones de forma más rápida.
UNESCO, de igual forma, consideró las herramientas digitales como una excelente oportunidad de democratizar la información y la educación profesional. La identidad digital permite tener acceso a distintos tipos de información del sector público y privado, permitiendo el desarrollo de los niños en habilidades digitales o mediáticas, fortaleciendo sus capacidades cognitivas, críticas y creativas. La ciudadanía digital, según UNESCO permite "poder encontrar, acceder, usar y crear información de manera efectiva; interactuar con otros usuarios y con contenido de forma activa, crítica, sensible y de manera ética y navegar en el entorno en línea y de las TIC de manera segura y responsable, al mismo tiempo que conocer los propios derechos" (UNESCO, 2016, pág. 15).
Entre las iniciativas que impulsa UNESCO en esta línea se encuentra Educación 2030, que tiene como objetivo asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, a través de la ciudadanía digital, generando oportunidades de aprendizaje permanente para todos los niños.